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Todos los pacientes de hepatitis C serán tratados hasta 2020
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21.06.17 - Daniel Roldán

 


 

Entre marzo de 2014 y febrero de 2015 se produjo la revolución. En apenas un año, seis medicamentos recibieron la autorización para poder curar la hepatitis C, una enfermedad que pasó de ser mortal a desaparecer en casi todos los enfermos (tienen un 95% de efectividad). Un salto cualitativo que provocó una masiva protesta en las calles y la creación de un Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C. Era finales de febrero de 2015 y el entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aseguraba que se iban a invertir 727 millones. Un gasto que no iba a contar como déficit para las maltrechas arcas autonómicas. En teoría. Este miércoles, las comunidades pidieron explicaciones. Y dinero. «En 2015, el Ministerio nos prometió 27 millones que todavía nos adeuda. Y no han pagado nada tampoco en 2016 y en este año», apuntó Carmen Montón, consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. 

     Los responsables de Extremadura, Cantabria o Castilla La-Mancha contaron un discurso similar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el primero que se celebra con Dolors Montserrat como ministra de Sanidad. Una reunión densa, critica por la cantidad de puntos a tratar, y en el que se llegó a un acuerdo sobre los enfermos de hepatitis C. Se universaliza el plan, que solo alcanzaba a los casos más graves de fibrosis (F4, F3 y F2), para acoger a los más leves (F0 y F1). Una medida que ya aplicaban Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón (desde hace una semana) y País Vasco. Además, el CISNS coloca un techo temporal a este plan: 2020. «Esperamos tener erradicada la enfermedad», indicó Jesús Vázquez, consejero gallego de Sanidad. No se descarta que se prolongue más años.

     Pero a este «positivo acuerdo» le faltaba otra parte fundamental: ¿quién va a pagar los tratamientos última generación? Montón expuso que en los dos últimos años han invertido más de 200 millones en «salvar la vida» a más de 9.800 personas. Sin embargo, no se concretó ninguna cifra para las comunidades durante los próximos años. «Unos invitan y nosotros pagamos», resumió una delegación autonómica. Los representantes de comunidades socialistas reclamaron un plan económico que contemple no solo las últimas innovaciones en hepatitis C, sino en otras especialidades, como las enfermedades oncológicas.

     Por su parte, la ministra de Sanidad recordó que España lidera el abordaje de la hepatitis C en Europa, que 76.000 pacientes han recibido el tratamiento y que el presupuesto para tratar la enfermedad asciende a 200 millones. Una reducción drástica de los 1.600 millones gastados en 2015 y 2016 debido a una bajada de precios de los medicamentos y a que hay menos personas que tratar. Por estos motivos, la ministra rechazó dar un presupuesto específico para el tratamiento. 

     No obstante, se comprometió a mediar con el departamento de Cristóbal Montoro para solventar el problema de que compute como déficit. «No es razonable que un ministerio sea exigente con objetivos de déficit y a la vez otro Ministerio nos anime a generar, a través de un plan estratégico, gastos adicionales como con la hepatitis C», resumió  el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez.

     Unos pacientes que estaban de celebración, a pesar de que no se concretó la financiación. «Podemos decir que las luchas a veces tienen éxito y hemos logrado la reivindicación que los enfermos de hepatitis C planteamos hace tres años, la de extender a todos los enfermos el tratamiento independientemente de si estaban graves, muy graves o en fases iniciales de la enfermedad», comentó Adolfo García, presidente de la plataforma de afectados de la Comunidad de Madrid. «La cifra de trasplantes ha bajado gracias a estos tratamientos que impiden que los hígados se vayan degradando y que acabe en un hepatocarcinoma que es el final de muchos de nosotros», señaló.

     Por otra parte, Montserrat anunció la creación de una comisión institucional, con la presencia de las comunidades, un comité científico y una oficina de apoyo para los afectados de la talidomida. El primer objetivo, señaló, es elaborar un registro de afectados.