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El Congreso debatirá una ley de eutanasia para los enfermos terminales
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19.01.17 - J. LUIS ÁLVAREZ

El proyecto presentado por Podemos fija los requisitos, reconoce la objeción de conciencia de los médicos y crea una comisión de evaluación

 

El Congreso de los Diputados debatirá la proposición de Ley Orgánica sobre la Eutanasia presentada ayer por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El texto solo contempla la aplicación de la eutanasia a las personas que se encuentren en fase terminal de una enfermedad o que padezcan sufrimientos físicos o psíquicos que «considere intolerables».

El solicitante tendrá que ser mayor de edad, «capaz y consciente en el momento de la petición» o menor emancipado legalmente. De esta manera, la petición se realizará «de manera voluntaria», por escrito y tendrá que ser repetida en al menos dos ocasiones con una separación de 15 días, «no siendo el resultado de una presión externa». La proposición de ley establece que si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado «son inminentes, se aceptará un periodo menor» a esos 15 días.

La normativa que legalizaría la eutanasia en España, dentro de las garantías para la persona, fija que el paciente tendrá que haber sido informado de «todas las alternativas de tratamiento» existentes, de lo que «debe quedar constancia en la historia clínica». En caso de tratarse de una persona sin capacidad de discernimiento, por encontrarse en coma, pero que hubiera firmado con anterioridad un documento de instrucciones previas, de acuerdo con lo fijado en la Ley de autonomía del paciente, «se podrá llevar a cabo la eutanasia siempre que cumpla los requisitos clínicos» recogidos en el proyecto legal. La proposición, que equipara la muerte por eutanasia a la natural a todos los efectos, incluidos los relativos a los seguros de vida, detalla las obligaciones del médico responsable de la eutanasia que, si el solicitante lo pide, tendrá que informar a los familiares o allegados o recabar la opinión de un «médico consultor, sin intereses en el caso», que confirme que se cumplen las condiciones. Toda la documentación se remitirá a la comisión de evaluación tras practicar la eutanasia. Esta comisión también analizará las solicitudes de los facultativos que denieguen la eutanasia, bien por no cumplirse los requisitos o por la objección de los médicos a practicarla, caso en el que deberán ofrecer al paciente otro facultativo que no se acoja a este derecho.

En el texto presentado se definen entre otros conceptos lo que es la eutanasia, el suicidio asistido, la futilidad del tratamiento, la obstinación terapéutica, el rechazo al tratamiento, la sedación terminal o el documento de instrucciones previas. Asimismo, en su disposicion final primera modifica el Código Penal para que no se persiga a quien «coopere o cause la muerte a otro cuando este lo haya solcitado de manera expresa».

La diputada de Unidos Podemos Marta Sibina defendió la oportunidad que ofrece el proyecto de ley para regular la eutanasia porque «España no es un buen lugar para morir», dadas las carencias en cuidados paliativos. El PSOE anunció que estudiaría un texto que el PP rechazó, mientras que Ciudadanos se posicionó a favor de regular la muerte digna en lugar de la eutanasia.

Para la asociación Derecho a Morir Dignamente, el proyecto de Podemos «es un avance muy positivo, porque por primera vez se habla de la disponibilidad de la propia vida», según destacó su portavoz, Fernando Marín. De esta manera, incidió en que «es el inicio de un camino que confiere más libertad al ciudadano».