Todo sobre la Gripe A

Gripe A

Último vídeo de VIVIR

Portada Otras Geriatría Los caminos del suicidio asistido
Geriatría
Los caminos del suicidio asistido
( 1 Voto )
04.11.14 - BORJA ROBERT

El artículo 143 del Código Penal impone penas de entre dos y diez años de cárcel a aquellos que ayuden a una persona a poner fin a su propia vida

En España es ilegal, pero existen alternativas para los pacientes terminales

Los caminos del suicidio asistido

En España el suicidio asistido conlleva penas de prisión; la alternativa son los cuidados paliativos.

La forma de morir que eligió Brittany Maynard es ilegal en España. Ayudar a alguien a acabar con su vida puede suponer, según el grado de implicación, entre dos y diez años de cárcel. Pero aun así, existen caminos alternativos -dentro y fuera del país- para algunos pacientes terminales -o con enfermedades avanzadas e incurables- que desean decidir el momento de su muerte, y no dejarlo en otras manos.

«Aquí no se puede hacer lo que hizo Brittany», explica Manuel García, portavoz de la asociación Derecho a una Muerte Digna (DMD), un colectivo que promueve la despenalización de la eutanasia en España desde 1984. «Estas prácticas están penalizadas por el artículo 143 del Código Penal». La estadounidense de 29 años recibió, de un médico de Oregón, un cóctel de medicamentos con los que provocar su propia muerte sin dolor. Probablemente los tomó el sábado pasado. Los ciudadanos españoles en una situación médica similar -y con el mismo deseo- no pueden replicar esta decisión amparados por el sistema sanitario. Pero pueden viajar a Suiza -donde el suicidio asistido es legal- o planearlo, más o menos, por su cuenta.

«La información que tenemos es que ocho españoles han ido a Suiza en los últimos cuatro años», afirma García. «El problema es que es caro. Puede costar entre 6.000 y 8.000 euros. Y además el proceso se puede alargar mucho tiempo, que es algo de lo que a veces no disponen los que necesitan hacer uso de este derecho». En el país helvético la eutanasia no es legal. Solo Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos la contemplan en sus legislaciones, pero solo para nacionales. La región de Quebec la aprobó el pasado junio, pero aún no la ha implementado. En Suiza, por su parte, sí permiten que individuos de otras nacionalidades entren en sus fronteras para llevar a cabo un suicidio asistido. Es decir, que tras la conformidad de un doctor y con plena conciencia, ellos mismos tomen los medicamentos que los harán morir.

La otra opción es contactar con DMD, que proporciona a algunos socios información con la que poder «disponer de su vida». «El perfil de nuestros socios es el de personas con enfermedades avanzadas, incurables y terminales», explica García. Cáncer, alzhéimer... Si estas personas lo solicitan, la asociación dispone de una guía con datos sobre cómo procurarse a uno mismo el cóctel de medicamentos que permita decidir cuándo y cómo fallecer. «Nosotros damos una información que ya existe, solo que bien ordenada», aclara el portavoz. No tienen datos de cuántos la usan. «Editamos unas 200 guías cada año y las repartimos todas», afirma.

Límites

«No podemos saber si han hecho uso de esa información o no», aclara García. «Pero tampoco tenemos conocimiento de que a alguien no le haya funcionado». A pesar de todo, explica, la propia organización establece límites sobre a quién le entrega, o no, estas guías. «Vienen muchas personas con depresión crónica que la piden», afirma el portavoz. «Pero no queremos poner en peligro al resto de pacientes que van a pedir asistencia, así que, aunque empatizamos con su dolor, les incitamos a buscar otras vías, que no recurran a la muerte». DMD, aclara, quiere que se cambien las leyes para que queden contemplados todos los casos.

Basándose en los datos de Bélgica y Países Bajos, DMD calcula que, de legalizarse, en España se darían entre 8.000 y 13.000 peticiones de eutanasia cada año. «Son datos que extrapolamos del número de casos y la población de estos países», explica García. En Holanda, que tiene casi 17 millones de habitantes, se registraron 4.829 en 2013. De momento, ninguno de los partidos mayoritarios en España ha decidido cambiar la legislación, al menos a escala estatal. Andalucía, Aragón y Navarra, aclara García, son las únicas comunidades con una ley específica sobre muerte digna. «Contempla el derecho de un paciente a decidir en qué condiciones se ha de interrumpir su tratamiento, o cuándo debe aplicarse la sedación paliativa», cuenta el portavoz. «Nosotros creemos que es insuficiente, pero son pasos en la buena dirección».